Responsabilidad patrimonial del Estado en Chile: falta de servicio y jurisprudencia

Responsabilidad patrimonial del Estado en Chile: falta de servicio y jurisprudencia

Introducción

La responsabilidad patrimonial del Estado constituye uno de los pilares del Estado de Derecho: cuando la Administración causa daño a los particulares en el ejercicio de sus funciones, debe repararlo. En Chile, esta institución se fundamenta en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política (principio de juridicidad y responsabilidad del Estado) y se desarrolla principalmente en el artículo 42 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

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1. Fundamento normativo

#### 1.1 Base constitucional

• Artículo 6° inc. 3° CPR: «La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.»

• Artículo 7° inc. 3° CPR: «Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.»

• Artículo 38 inc. 2° CPR: «Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley.»

#### 1.2 Ley 18.575 (Art. 42)

El artículo 42 establece: «Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.»

Esta norma consagra la falta de servicio como el factor de atribución de responsabilidad del Estado, distinguiéndola de la falta personal del funcionario.

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2. La falta de servicio

#### 2.1 Concepto

La falta de servicio (faute du service, en la terminología del derecho administrativo francés que inspiró la norma chilena) es el funcionamiento anormal de la Administración. Se configura cuando el servicio público:

• No funciona debiendo hacerlo (omisión).

• Funciona tardíamente (retardo).

• Funciona defectuosamente (actuación deficiente).

#### 2.2 Naturaleza jurídica

La doctrina y jurisprudencia han debatido intensamente la naturaleza de la falta de servicio:

a) Tesis objetiva: La falta de servicio es un régimen de responsabilidad objetiva que no requiere probar culpa o dolo de un funcionario individual. Basta acreditar el funcionamiento anormal del servicio.

b) Tesis subjetiva: La falta de servicio es una especie de culpa organizacional que requiere un estándar de diligencia exigible al servicio público.

La Corte Suprema ha tendido a adoptar una posición intermedia, señalando que la falta de servicio se configura cuando la Administración no cumple con el estándar de funcionamiento que razonablemente puede exigírsele, considerando los medios disponibles y la previsibilidad del daño. No se requiere identificar a un funcionario culpable específico, pero sí debe acreditarse la deficiencia del servicio.

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3. Elementos de la responsabilidad

Para que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado se requiere:

#### 3.1 Falta de servicio

Debe acreditarse que el servicio público no funcionó, funcionó tardíamente o funcionó defectuosamente. La prueba corresponde al demandante, quien debe demostrar cuál era el estándar de funcionamiento esperable y en qué consistió la deficiencia.

#### 3.2 Daño

El daño debe ser cierto, directo y personal. Se indemnizan:

• Daño emergente: Gastos y pérdidas efectivas.

• Lucro cesante: Ganancias frustradas.

• Daño moral: Sufrimiento, angustia, afectación de la calidad de vida.

#### 3.3 Relación de causalidad

Debe existir un nexo causal entre la falta de servicio y el daño sufrido. La jurisprudencia ha aplicado la teoría de la causa adecuada.

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4. Ámbitos principales de responsabilidad

#### 4.1 Responsabilidad por actos del Servicio de Salud

Es una de las áreas más litigadas. Incluye:

• Errores médicos en hospitales públicos.

• Infecciones intrahospitalarias.

• Demoras en la atención de urgencia.

• Deficiencias en el diagnóstico o tratamiento.

La Corte Suprema ha establecido que la falta de servicio en materia de salud se configura cuando el establecimiento hospitalario no proporciona la atención que razonablemente puede esperarse conforme a la lex artis médica y los recursos disponibles.

#### 4.2 Responsabilidad municipal

Las municipalidades responden por falta de servicio en diversas áreas:

• Accidentes en la vía pública por deficiencias en la mantención de calles, veredas o señalización.

• Caída de árboles no mantenidos.

• Deficiencias en servicios municipales (alumbrado, recolección de basura).

• Otorgamiento de permisos de edificación irregulares.

#### 4.3 Responsabilidad por actos de las Fuerzas de Orden y Seguridad

Casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, actuaciones policiales que causan lesiones o muerte. La Corte Suprema ha condenado al Estado en casos de vulneraciones de derechos humanos.

#### 4.4 Responsabilidad por actos de fiscalización

Cuando los órganos fiscalizadores (SII, SERNAC, Superintendencias) causan daño por actuaciones deficientes, tardías o excesivas.

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5. Falta de servicio vs. falta personal

La distinción entre falta de servicio y falta personal es fundamental:

• Falta de servicio: Deficiencia del servicio público como organización. Responde el Estado (el Fisco, la municipalidad, el servicio público).

• Falta personal: Conducta del funcionario que se aparta de sus deberes de tal manera que constituye un actuar individual reprochable. Responde el funcionario a título personal.

El Estado que paga por falta de servicio tiene derecho a repetir contra el funcionario que incurrió en falta personal (artículo 42 inc. 2° Ley 18.575).

En la práctica, la víctima puede demandar al Estado por falta de servicio sin necesidad de identificar al funcionario responsable, lo que facilita significativamente la acción judicial.

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6. Prescripción

La prescripción de la acción de responsabilidad del Estado ha sido objeto de intenso debate:

• Postura del Fisco: La acción prescribe en 4 años conforme al artículo 2332 del Código Civil (prescripción de la acción por delito o cuasidelito).

• Postura de la doctrina: Algunos autores sostienen que la prescripción es de 5 años conforme al artículo 2515 CC (prescripción ordinaria de acciones personales).

• Jurisprudencia de la Corte Suprema: Ha tendido a aplicar el plazo de 4 años del artículo 2332 CC, contado desde la manifestación del daño.

En materia de derechos humanos, la Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad.

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7. Procedimiento judicial

#### 7.1 Tribunal competente

La acción de responsabilidad patrimonial del Estado se interpone ante el juez de letras en lo civil del domicilio del demandado (el Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado, o la municipalidad respectiva).

#### 7.2 Procedimiento

Se tramita conforme al procedimiento ordinario del Código de Procedimiento Civil, salvo que exista un procedimiento especial aplicable.

#### 7.3 Representación del Estado

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) representa judicialmente al Fisco y a los servicios públicos centralizados. Las municipalidades son representadas por sus propios abogados o por el CDE cuando se lo soliciten.

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8. Jurisprudencia emblemática

La Corte Suprema ha construido una doctrina robusta sobre responsabilidad del Estado:

a) Responsabilidad por daños en desastres naturales: La Corte ha condenado al Estado cuando los organismos competentes (ONEMI, municipalidades) no adoptaron oportunamente las medidas de prevención o evacuación que la situación exigía, contribuyendo al daño causado por terremotos, tsunamis o aluviones.

b) Responsabilidad hospitalaria: Condenas por infecciones intrahospitalarias, errores quirúrgicos y demoras en la atención de urgencia que causaron muerte o daño grave.

c) Responsabilidad por acción policial: Condenas por uso desproporcionado de la fuerza en operativos policiales y en contextos de manifestaciones públicas.

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Conclusiones

La responsabilidad patrimonial del Estado en Chile, articulada en torno al concepto de falta de servicio, proporciona a los ciudadanos una vía efectiva para obtener reparación cuando la Administración causa daño por funcionamiento deficiente. El abogado administrativista debe dominar tanto los elementos sustantivos de esta responsabilidad como las particularidades procesales de la litigación contra el Estado, incluyendo la representación por el CDE y los estándares probatorios exigidos por la jurisprudencia.

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Artículo preparado por el equipo editorial de AbogadoIA.cl con base en la Constitución, la Ley 18.575 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.